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Divorcios- Cuestiones sobre alimentos

 

Algunas dudas sobre divorcios

Hay varios tipos de divorcios.

a) El mas frecuente y nosotros siempre recomendamos es el DIVORCIO POR PRESENTACIÓN CONJUNTA.

En este tipo de divorcio no es necesario probar la causal por la que se ha llegado a esta solución

b) Otro tipo de divorcio es el CONTRADICTORIO O CONTENCIOSO, cuando uno de los dos conyuges no quiere firmar el divorcio de presentacion conjunta, o no se ponen de acuerdo.

Este es un tipo de juicio, generalmente largo y desgastante, fundamentalmente para los hijos, económicamente oneroso y, en nuestra opinión, poco recomendable.

¿CUANTO TIEMPO PUEDE DURAR EL TRAMITE DE UN DIVORCIO?

En general, dependiendo de cada Juzgado, son trámites breves, hablamos siempre de la presentación conjunta, de 4 o cinco meses.

¿CUALES SON LAS CAUSALES DE DIVORCIO?

Estas causales las enumera el Codigo Civil , estas son adulterio, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida de otro o de los hijos, sean o no comunes, ya sea como autor principal, cómplice o instigador, la instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos, las injurias graves y el abandono voluntario y malicioso. Estas ultimas dos causales son las comunes para tratar de probarlas y asi que el Juez conceda el divorcio. Siempre va ser encesario probarlas, lo mas comun sea con testigos. El abandono debe ser voluntario y malicioso, es necesario las dos acontecimeintos sucedan.

SIN EMBARGO HAY OTRAS CAUSAS

El acoholismo, adiccion alguna droga y alteraciones mentales de caracter permanente son tambien consideradas causales de divorcio por culpa de una de las partes

¿CUANDO SE PUEDE INICIAR UN DIVORCIO?

Para iniciar un Divorcio Contencioso: no hay plazos mínimos.
Para iniciar una Separación personal por Presentación Conjunta: 2 años de casados.
Para iniciar un Divorcio Vincular por Presentación Conjunta: 3 años de casados.
Para iniciar un Divorcio Vincular por la causal de Separacion de hecho: más de 3 años de separados (no de casados).

¿QUE DOCUMENTACION SE NECESITA PARA INICIAR UN DIVORCIO?

Se necesita partida de matrimonio, partidas de nacimiento de los hijos y si hay bienes, títulos de propiedad de éstos.

¿QUIENES SON LOS PADRES QUE TIENEN OBLIGACION ALIMENTARIA?

Ambos padres tienen obligacion alimentaria respecto de sus hijos menores de edad.

¿HASTA QUE EDAD TIENE OBLIGACION ALIMENTARIA LOS PADRES?

A partir de la sanción de la Ley 26579, que consagra la plena capacidad de las personas a los 18 años, cobra importancia la pregunta quien recibe los alimentos a partir de esa edad y hasta los 21 años.

Por acuerdo entre partes se puede fijar que la cuota alimentaria se prolongue hasta los 25 años, en caso que el alimentado no sea económicamente independiente.

Pero, si la patria potestad cesa a los 18 años, esa franja ubicada entre los 18 y 21 años va a generar la pregunta quien percibe esos alimentos?

A partir de los 18 años el joven que reclama alimentos deberá hacer por sí con el patrocinio letrado de un abogado.

Si la percepcion de los alimentos ya estaba fijada con anterioridad a la vigencia de la nueva ley, el o la joven deberá ratificar la actuación de su padre o madre y seguir adelante con el proceso.

¿QUIEN PERMANECE EN EL HOGAR CONYUGAL?

En tanto haya menores, el hogar debe ser atruibuído a quien detente la tenencia de los hijos menores.

¿SI SE FIJA UNA CUOTA POR ALIMENTOS, ES INMODIFICABLE?

La cuota pueden aumentar o disminuir a traves de los que se conoce como incidente de aumento o disminucion de cuota alimentaria.

En general, cuando los niños van creciendo, sus necesidades aumentan, juntamente con sus gastos, por ello los reajustes de cuota a través de los incidentes son muy comunes.

¿QUE ES EL REGISTRO DE DEUDORES MOROSOS ALIMENTARIOS?
QUE CONSECUENCIAS TIENE ESA INSCRIPCION

Los deudores morosos alimentarios son aquellas personas (padres, parientes, abuelos) que por sentencia judicial un acuerdo homologado por el juez tiene obligación de pasar alimentos y no lo hace.

La anotacion el en Registro se puede hacer solo por orden judicial y figurar en el mismo trae consecuencias iguales a las que sufre cualquier deudor.

Dra. María Rosa Quintero
mquintero@cantiequintero.com.ar
www.cantiequintero.com.ar

Conflicto de lealtades de los hijos en el divorcio

 

ficción o realidad? un poco de cada cosa, tal vez?)
Mi hija no quiere saber nada de salir con el padre. No le perdona lo que NOS hizo. Dice que jamás pisará la casa de LA OTRA, que no tiene el mínimo interés en conocerla, que para colmo sabe que es VIEJA y GORDA (nada que ver conmigo) y ahora se despacha diciéndole que VA A TENER UN HERMANITO. ¡ Por favor, ese no va a ser el hermanito, hermanito ya tiene! Ella no lo perdona, doctora, no tolera el engaño que tuvo hacia NOSOTRAS. Ella dice: “si papá me quiere, que me lo demuestre. Yo no pienso mover un dedo. Además, si no te pasa más plata mucho no me debe querer. Decile que no te pase más nada y que yo así no tengo la obligación de verlo a él. Yo no quiero un padre que tenga otra esposa.”
– Bueno, parecen palabras de un adulto las de su nena, verdad? Cuesta imaginar que hable así por ella misma. Me parece que algo escucha de Ud. y se alinea totalmente de su lado. Ud. me acaba de contar que él hace años que está con esa mujer. No cambia de pareja todas las semanas. Vivió con ella, se casó por civil con ella y esperan un hijo. Formaron una nueva familia a la cual su hija también PERTENECE, mal que le pese a Ud.
No doctora, a mí no me molesta, es a mi hija que le duele que él haga esto. ¿Qué necesidad tenía de buscar otro hijo si conmigo ya tiene dos?
– Es cierto, pero él se volvió a casar y con su nueva esposa no tiene hijos.
Mire, doctora, yo quisiera quitarle la patria potestad por abandono. Y olvidarme que existe.
– ¿Abandono? Pero no me dice que son su hijas la que no lo quiere ver y que a pesar de eso él insiste y la llama todos los días por teléfono y las invita a la casa?
Sí, pero no viene a buscarla, qué clase de padre es?.
– No va a buscarla porque las nenas ya le anticipan por teléfono que NO VAN A IR, que se quieren quedar con UD. y él no debe querer que se cree una escena violenta ni llevarlas por la fuerza. El está tratando de convencerlas por teléfono de que tienen que verlo, que él tiene interés en verlas, que él no vive más con ellas pero ellas tienen otra casa donde poder estar parte del tiempo con el padre y su nueva familia.
Pero doctora, por favor, comunicarle por teléfono que va a tener un hermanito (si es que se le puede decir hermanito a eso).
– ¿Y cómo quería que se lo dijera, si personalmente no la ve? Si no se lo decía por teléfono, tal vez dentro de un año su hija acepte ver al padre y se encuentre con la novedad de que tiene un hermanito. Mejor que lo vaya sabiendo desde ahora y que no crea que se lo ocultaron. Coincido que hubiera sido mejor que se lo dijera personalmente, pero PERSONALMENTE NO SE VEN.
Es que él no pasa alimentos desde hace unos meses. Y mejor, mire.
– Mejor para quién?
Mejor porque así yo puedo prohibirle que vea a las nenas.
– Está equivocada: el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria no es causal de suspensión del régimen de visitas. ¿Ud. le reclamó los alimentos atrasados?
No. Porque si se los reclamo seguro que me pide de verlas y ELLAS no quieren. Yo no tengo ningún problema en que lo vean.
– Pero Ud. no vino porque dijo que quería quitarle la patria potestad? Cuál es el hecho gravísimo que él cometió además de dejarla a Ud., divorciarse y casarse con otra mujer? Abusó de las nenas, les pegó, las dejó de llamar durante años?
No, eso no.
– Y Ud. las incentiva a las nenas para que vayan sin culpa a ver al padre, sin estar inmersas en un CONFLICTO DE LEALTADES donde si salen con el padre ellas sienten que la traicionan a Ud. que aún está llorando por él y que no registró siquiera que no sólo pasaron varios años sino que además tiene sentencia de divorcio?
Bueno, yo creí que la Justicia me apoyaba, pero veo que el padre tiene todos los derechos aunque no sea un buen padre.
Es el padre que Ud. eligió para sus hijas. Dejó de ser su marido, pero sigue siendo EL PADRE DE SUS HIJAS FOR EVER.
Más gorda y más vieja que yo es ELLA, doctora. Mire que dejarme a mí por ESA.
– Ud. está haciendo terapia o hizo últimamente?
No, yo estoy bien así, el que está mal es él porque MI HIJAS NO LO QUIERE VER.
– O.K., Ud. está bien así. Sin embargo creo que no le vendría mal tener una entrevista con una psicoterapeuta, ¿no le parece? 

 

Autor Mirta Núñez

Tener un bien ganancial no es lo mismo que ser condomino

La Cámara Nacional de Apelaciones enlo Comercial , Sala D, remarcó en un fallo dictado en la causa “BILBAO LA VIEJA, Juan Alberto c/ TALAMO, Domingo Benito s/ incidente de apelación“, que el régimen de la ganancialidad no convierte al cónyuge en condómino, debido a que eso sólo operará en caso de disolución de la sociedad conyugal. 

Cada cónyuge es propietario de sus bienes y el otro no tiene derecho alguno sobre ellos. Si el bien figura 100 % a nombre de uno de los esposos, se puede rematar la totalidad del mismo.

Recordar que el otro cónyuge sólo tiene derecho a reclamar “su 50 %” en caso se muerte o divorcio.

Es muy frecuente confundir esto y creer que como es un bien ganancial “es de los dos” desde el momento de compra.

Si el inmueble al que hace referencia el fallo hubiera sido adquirido a nombre de ambos cónyuges, el acreedor hubiera podido rematar sólo la mitad. De este modo, aunque figure que el titular es casado con fulanita de tal (lo cual convierte al bien en ganancial), los acreedores pueden rematarle la totalidad del inmueble.

Esto demuestra la importancia de consultar a un abogado ANTES DE ESCRITURAR UN BIEN.

 

 

Entregar la vivienda en pago de la hipoteca.

En nuestro país la situación es diferente ya que el titular de una deuda hipotecaria se compromete a devolver el dinero con sus bienes presentes y futuros.

El procedimiento normalmente una vez iniciada la ejecución hipotecaria termina en una subasta donde la vivienda saldrá a un precio inferior a la tasación inicial y el titular de la hipoteca deberá devolver al banco la diferencia entre la deuda inicial y el precio de subasta de la vivienda, perdiendo la casa pero quedando todavía deuda.

Hoy en día con la actual crisis económica, el desplome del precio de la vivienda a consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, la situación es alarmante para muchas familias, que han visto como muchos de sus miembros se han quedado en desempleo y no pueden afrontar el pago de la hipoteca.

Un grupo de asociaciones y sindicatos ha promovido una iniciativa legislativa popular para modificar la ley hipotecaria y hacer posible la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria. Incluso por parte de un sector de la judicatura se han dictado Sentencias recogiendo la posibilidad de hacer factible la dación en pago, acogiendo el clamor social al respecto e intentando aportar soluciones a esta situación.

La dación en pago no es una figura nueva en nuestro Derecho. Está contemplada en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, pero depende de la buena voluntad de las entidades si no existe un acuerdo específico suscrito previamente en el contrato del préstamo.

Para que la banca tenga la obligación de eximir al deudor del pago de la totalidad de su deuda si entrega su casa, se exigen cambios en la normativa actual, reformas que muchos expertos desaconsejan en este el momento. Cualquier cambio regulatorio en este sentido tendría consecuencias sobre la estructura financiera de la banca en España.

Desde 2007, los procedimientos de ejecuciones hipotecarias suman más de 250.000, debido en gran parte a que la banca concedió créditos sin garantías y por encima del valor de la vivienda. Pero, tal y como apuntan los expertos, no toda la responsabilidad debe recaer sobre las entidades, ya que los compradores de viviendas debieron ser conscientes y responsables de las deudas que adquirían. No obstante, la crisis y el paro han agravado los problemas a la hora de hacer frente a los pagos y desde varios sectores se reclaman soluciones.

En contra de generalizar la dación en pago  la mayoría de expertos indican que con carácter retroactivo no es el mejor momento para modificar la figura de la dación en pago en Ley Hipotecaria, ya que supondría cambiar el reglamento sobre contratos ya firmados en el pasado y en hipotecas que ahora están vigentes generariía una ran inseguridad jurídica.

Sin embargo si sería viable modificar la norma pero para las hipotecas nuevas. A pesar de que en este caso se incrementarían los riesgos de impago para las entidades financieras, ello los bancos lo tendrían que repercutir en sus clientes a la hora de conceder préstamos. Con lo cual, aunque a corto plazo se encarecería y se restringiría el crédito, a largo plazo las hipotecas serían menos arriesgadas y se evitarían nuevas crisis y más embargos.

Por su parte, la Asociación Española de Banca asegura que “las entidades bancarias son conscientes de que muchas familias tienen problemas para afrontar el pago de su hipoteca a causa de la crisis económica. Por ello, tratan siempre de agotar las posibles vías de solución cuando su cliente se encuentra en una situación delicada y solo utilizan la ejecución del inmueble como último recurso”. Sin embargo ello depende muchas veces de la política bancaria de cada entidad, ya que son conocidos casos en que el banco ha ido a una ejecución hipotecaria con deudas minúsculas y otros bancos que han agotado todas las vías negociadoras.

No obstante la Asociación Española de Banca indica que “no hay que olvidar que las entidades de crédito tienen la obligación de ejercer la acción de cobro puesto que deben responder ante los depositantes que les han confiado su dinero y ante sus accionistas”. Por ello, no creen que la solución sea la entrega de la vivienda en pago de la deuda.

Los notarios de Cataluña apuestan por fomentar la dación en pago, aunque especifican que, en ningún caso, sería obligatoria y tampoco tendría carácter retroactivo.

Entre las propuestas de los notarios se encuentran establecer un procedimiento concursal para particulares que sea realmente útil para las familias, así como regular más y mejor el sistema de tasaciones, al considerar que ésta ha sido una de las fisuras del sistema actual. Además, creen preciso recurrir más a menudo al procedimiento notarial de ejecución extrajudicial, pactando expresamente en la escritura de constitución de una hipoteca la venta extrajudicial del bien hipotecado en el caso de falta de cumplimiento de la obligación garantizada, de modo que la venta extrajudicial se realiza por medio de notario, evitando acudir a los juzgados, lo que supone un coste económico superior e incrementa el tiempo necesario para culminar el proceso, dado el actual colapso del sistema judicial.

Todo ello pasaría también por una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, y una moderación de los intereses de demora, que actualmente superan en muchos casos el 20%, para ajustarlos a porcentajes más similares a los intereses de mercado. Una mejor regulación de la insolvencia de los particulares, para favorecer la negociación con los bancos y evitar la liquidación. Por otra parte que se contemple por la legislación un trato especial para la vivienda familiar, de modo que queden especialmente protegidas aquellas que son la única propiedad y donde convive el núcleo familiar.

Mª Dolores Ortiz (Abogada)

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Medidas de protección y seguridad a las víctimas de violencia de género.

Cabe que destaquemos:

1- Mayor número de efectivos de policía nacional y guardia civil dedicados a la prevención y lucha contra la violencia de género.

2- Elaboración y puesta en funcionamiento de un Protocolo común de Valoración de Riesgo para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y policías autonómicas.

3-Se establece una nueva base de datos común para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para mejorar la eficacia en el seguimiento de las circunstancias que concurren en cada una de las mujeres con medidas de protección y alejamiento. El objetivo es tener constancia permanente de la situación en la que viven las mujeres víctimas de violencia de género, para evitar una nueva agresión.

4- Creación de Unidades de Violencia contra la Mujer en las Subdelegaciones del Gobierno para coordinar toda la información y recursos existentes destinados a proteger a las mujeres en situación de riesgo, y posibilitar un seguimiento individualizado.

5-Protocolos de coordinación entre la Administración General del Estado, Administración Autonómica y Administraciones Locales que impliquen a todas las administraciones con el objetivo de lograr una actuación global e integral.

6- Servicio de teleasistencia móvil a todas las mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de alejamiento.

Medidas judiciales

1-Creación de nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos.

2-Ampliación de plantilla de fiscales dedicados a violencia sobre la mujer

3-Creación de nuevas Unidades Forenses de valoración integral.

4.-Especialización de Juzgados Penales

5.–Garantía del turno de oficio. Se garantiza a todas las mujeres víctimas de violencia de género que lo soliciten inmediata asistencia letrada de oficio especializada las 24 horas.


Medidas de prevención, sensibilización y atención

1.- Se pone en marcha un nuevo servicio telefónico de información y atención a mujeres víctimas de violencia de género, con asistencia especializada las 24 horas del día.

2.- Se pondrá en marcha el Protocolo de atención sanitaria en todos los centros públicos. Clarifica las condiciones en las que los médicos determinarán la sospecha de maltrato y la incluirán en la historia clínica de las pacientes.


Medidas de inhibición hacia los maltratadores

1.- Se pone en marcha en todo el Estado un modelo específico con criterios comunes y mínimos para los programas de intervención que la Ley Integral prevé cuando se sustituye o suspende la pena de prisión.

2.-Implantación nacional de los programas de rehabilitación a maltratadores en régimen abierto y extensión de los programas de rehabilitación de maltratadores en régimen cerrado.

3.Se pone en marcha un programa específico de seguimiento permanente a través de dispositivos electrónicos de los agresores penados por delitos de violencia de género.

4.-Programas de colaboración con empresas que posibiliten la contratación de mujeres víctimas de violencia de género.

5.Los funcionarios públicos condenados por violencia de género no podrán ser responsables directos ni ejercer su competencia en los servicios y unidades destinadas a la violencia de género.

¿Qué hacer en caso de sufrir malos tratos?

1. Denuncia los hechos inmediatamente. Tu denuncia afianza tu seguridad y previene futuras agresiones a ti misma o a otras mujeres. Si puedes llama a la policía o vete a la comisaría más próxima. Busca a familiares o algún vecino o vecina que pueda ayudarte.

Procura marcharte, lo primero es tu seguridad.

Acude a los servicios sociales de tu municipio donde te informarán sobre qué puedes hacer en tu situación y te darán apoyo adecuado para afrontarla.

2. No te laves ni laves tu ropa. No alteres el lugar de agresión. Son pruebas. Aporta la identidad o la descripción de tu agresor y cuantos datos consideres de interés para la investigación. Si tienes lesiones físicas o psicológicas acude a un Centro Sanitario y explica lo ocurrido, pide una copia del informe médico que te hagan.

3.- Formalizada tu denuncia, solicita justificante de la misma o copia de tu declaración. Te informarán sobre los derechos que te asisten como víctima y de las asociaciones y servicios sociales de tu zona, para acceder a posibles ayudas pensadas para ti.

4.- El personal encargado de la investigación policial que siga tu caso, te informará de la evolución del mismo y sobre cualquier suceso de importancia, siempre que no interfiera con las investigaciones.

5.Si tienes problemas, si te amenazan o te sientes insegura, avisa inmediatamente.

6.- Denuncia cada situación del maltrato o agresión sexual de la que seas víctima en cuanto se produzca. Si has denunciado este tipo de hechos en otras ocasiones, comunícalo.

7.-Mantente en contacto con la Policía y colabora con ella. No temas testificar y reconocer a tu agresor.

8.- Si te vas de casa… Llévate el DNI, libro de familia y toda la documentación importante (cartillas sanitaria y bancaria, escrituras o contratos vivienda; si tienes niños llévate su documentación personal y escolar o académica, y toda la que consideres que puede hacerte falta).

No te olvides del dinero que tengas, de las llaves y de tu agenda de teléfonos.

No des pistas o información que puedan ser conocidas por el agresor, evita que pueda localizarte.

 

Autora: Mª Dolores Ortiz Bermejo

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Violencia de Género

La violencia de género es un problema que nos implica a todos, estamos cansados de escuchar en los medios de comunicación el número de mujeres fallecidas, aunque sin olvidar que aunque en menores ocasiones existen hombres que también la sufren.

A pesar de que las cifras son más elevadas y la proporción de víctimas que sufren este tipo de violencia se inclina hacia el lado femenino y que no hay duda de que las mujeres son las más afectada tampoco hay que olvidar a los hombres que se encuentran en su misma situación, especialmente cuando parece un problema arraigado, que está lejos de desaparecer con los años: en 2002 murieron 16 varones por violencia de sus parejas, mientras que un año antes habían sido sólo 3.

Los poderes públicos no pueden obviar esta clase de violencia, que es uno de los ataques a los derechos fundamentales tales como la libertad, igualdad, a la vida, seguridad y no discriminación proclamados a lo largo de nuestra Constitución. Además y como consecuencia del art. 9.2 CE tienen la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas.

La Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Al respecto se puede citar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la Mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General; las Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre otros. Muy recientemente, la Decisión n.º 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II), ha fijado la posición y estrategia de los representantes de la ciudadanía de la Unión al respecto.

La Ley establece una jurisdicción especial para la violencia de género y pretende lograr una estrecha coordinación de todos los agentes implicados en el proceso (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscales, forenses, psicólogos, magistrados, etc.), que deberán recibir una formación específica para que las víctimas sean atendidas en todo momento por especialistas.

Objeto de la ley. «Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». (Artículo 1.1.)

La formación en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres debe ser uno de los fines del sistema educativo español. La Administración tendrá que revisar los materiales y libros de texto para garantizar la ausencia de conceptos o referencias que puedan fomentar la desigualdad. Además, en el Consejo Escolar del Estado tendrán presencia las organizaciones de mujeres, el Instituto de la Mujer y expertos reconocidos en la lucha contra la violencia por razones de sexo.

Publicidad. Se considerará ilícito la asociación del cuerpo femenino con un producto concreto. Las asociaciones e instituciones que trabajan a favor de la igualdad podrán solicitar la retirada de un anuncio si lo consideran oportuno.

Apoyo a las víctimas. La nueva ley permitirá la creación de servicios de atención e información inmediata que garanticen un primer asesoramiento legal y psicológico, centros de emergencia para asistir a las mujeres y a sus hijos y centros de recuperación integral. Comunidades Autónomas y Ayuntamientos participarán en el desarrollo de todos estos servicios, en los que también se contempla la asistencia jurídica especializada y gratuita, así como ayudas económicas que faciliten a las víctimas empezar una nueva vida: formación para el empleo, acceso prioritario a viviendas de protección oficial, bonificación a las empresas que las contraten, un fondo de garantía de pago de alimentos, entre otras. Además, las víctimas tendrán derechos laborales específicos como adaptar o reducir su jornada de trabajo, movilidad geográfica o extinguir un contrato cobrando el subsidio de desempleo.

Medidas jurídicas y penales. Se crearán Juzgados de Igualdad y Asuntos Familiares en cada provincia y capital, en los que se centralizarán los asuntos civiles y penales de una misma unidad familiar. Estos jueces podrán adoptar distintas medidas de protección, según la gravedad de los casos: desde la salida del agresor del domicilio, el alejamiento y la suspensión de las comunicaciones, hasta la privación de la patria potestad y custodia de menores o la suspensión del régimen de visitas. También se reforzarán las penas contra los agresores: las amenazas leves se podrán sancionar con prisión de seis meses a un año y el juez podrá inhabilitar al progenitor para el ejercicio de la patria potestad o la tutela de los hijos hasta cinco años. En caso de lesiones, se agrava la pena de dos a cinco años cuando la víctima sea la esposa o compañera sentimental, aunque no haya habido convivencia. Además, se prevé que cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales tenga su propia Sección de Violencia Familiar y que se cree la figura del ‘Fiscal contra la violencia contra la mujer’.

Nuevos órganos administrativos. La ley contempla la creación de una Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (bajo el Ministerio de Presidencia y con rango de Secretaría de Estado), un Consejo Consultivo y un Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer en el Ministerio de Trabajo y asuntos sociales.

Otras medidas. Creación de unidades especializadas en prevención de la violencia; aplicación de programas específicos a maltratadores en prisión.

El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula.

Durante el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Ley Integral se han puesto en marcha todas las medidas institucionales previstas, entre las que destacan por su importancia la creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la creación de los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y las fiscalías especiales. Junto a esto se han aumentado los recursos que el Estado dedica a combatir la violencia de género y se han puesto en marcha nuevos derechos sociales y económicos para las mujeres que garantizan asistencia social integral, empleo y recursos económicos en casos de necesidad.

Todo ello ha contribuido en este tiempo a generar un rechazo social hacia la violencia que se ejerce sobre las mujeres; ha fomentado una mayor sensibilización social sobre el problema, y ha hecho posible una mayor implicación profesional por parte de todos los profesionales que intervienen en el fenómeno de la violencia de género. También es destacable una mayor confianza social en el sistema, que se evidencia en el aumento de denuncias por malos tratos.

Autora: Mª Dolores Ortiz (Abogada)

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El Derecho de Huelga. ¿Dónde está el límite?

¿Responde la regulación actual a las necesidades del mercado laboral?, ¿Se sobreprotege a una parte del conflicto más que a otra?, ¿Cómo se conjugan ambas libertades: la del trabajador reconocida como derecho constitucional esencial y la de los demás ciudadanos (derecho al trabajo, libertad de movimientos) afectados por la huelga, que también son derechos fundamentales? ¿Dónde está el límite? Hay una frase que dice ““mi libertad termina donde comienza la de los demás”.

Quizás es difícil delimitarlo sin perjudicar a unos y a otros, vemos como por ejemplo en conflictos con compañías aéreas en los medios de comunicación el pasajero se queda en tierra incluso días, sin que nadie le dé una solución.

Está claro que el trabajador tiene que reivindicar sus derechos y ello nadie lo pone en duda. Pero en estos casos tan escandalosos ¿Qué pasa con los servicios mínimos?

Desde el punto de vista jurídico el derecho de huelga está reconocido en el art.28 CE como fundamental:

“1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente, La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulara las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.”

También está regulado en el RDL 17/1977, de 4 de marzo como un derecho irrenunciable.

Este Real Decreto Legislativo define la huelga como la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, considerando actos ilícitos o abusivos las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta de la huelga.

Del mismo modo, se considera que la huelga es ilegal cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados, cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promueven o sostengan, cuando tenga por objeto alterar, dentro de su periodo de vigencia, lo pactado en un convenio colectivo o lo establecido por laudo y cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley, o lo expresamente pactado en convenio colectivo para la solución de conflictos.

El Derecho de huelga puede ser ejercitado y puede ser declarada por acuerdo, y constar en acta:

1.- Los trabajadores, mediante sus representantes, adoptado por mayoría.

2.- Directamente por los propios trabajadores afectados previa votación secreta decidido por mayoría simple.

El acuerdo de declaración de huelga debe comunicarse al empresario y a la autoridad laboral con 5 días naturales de antelación a su inicio, y con 10 días si se trata de una empresa encargada de un servicio público.

Se constituye un Comité de Huelga con un máximo de 12 trabajadores elegidos entre los mismos.

Durante la huelga queda suspendido el contrato de trabajo y el salario pero el trabajador estará en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la prestación por desempleo ni a la de incapacidad temporal.

Durante la huelga se debe respetar también la libertad de los trabajadores que no quieran secundarla.

Por lo tanto el derecho de huelga no es ilimitado. El mismo art. 28.2 CE establece que su límite está en asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Es decir, se trata de un derecho que debe ser ejercitado de forma responsable respetando la libertad de los trabajadores que no quieren ejercitarlo.

Mientras dure la huelga, los trabajadores huelguistas tienen la obligación de no ocupar los centros de trabajo donde habitualmente prestan sus servicios. De esta forma, la legislación vigente intenta compatibilizar el derecho a la huelga de los trabajadores que opten por ella, con el resto de derechos legítimos de las demás partes implicadas en el conflicto, especialmente la libertad de trabajo de aquellos empleados que no quieran sumarse a la huelga.

La realización de la huelga no es causa de despido y tampoco puede dar lugar a la imposición de sanciones por parte del empresario.

La huelga es desde el punto de vista constitucional un derecho público subjetivo vinculante para todos los poderes públicos.

Señala el TC en Sentencia de 8 de abril de 1981

“la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del estado social y democrático de derecho establecido por el artículo 1.1 de la Constitución que entre otras significaciones, tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes…lo es también el derecho reconocido a los sindicatos en el artículo 7 de la Constitución, ya que un sindicato sin derecho al ejercicio del derecho de huelga quedaría en una sociedad democrática vaciado de contenido, y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sociales sean reales y efectivas”

La regulación jurídica del derecho de huelga está necesitada desde hace muchos años de una urgente modificación. Tenemos una regulación anticuada (RDL de 1977), aunque posteriormente la jurisprudencia lo ha ido interpretando.

Continuamente se plantea la delimitación de “qué servicios son los esenciales para la comunidad” “cuantificación de servicios mínimos”. Ya que siempre acabamos pagando el pato los ciudadanos, ya que en la mayoría de huelgas el éxito deriva de la capacidad de perjudicar al usuario.

Es lógico pensar en una nueva regulación del derecho de huelga que responda a las necesidades actuales.

Autora: Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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Guarda y custodia. Patria potestad.

No hay que confundir la “guardia y custodia” con la “patria potestad”. La patria potestad son los derechos y deberes que cada progenitor tiene en relación con sus hijos, que lleva aparejada el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos menores de edad no emancipados, y su protección. Tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los mismos. Comprende la guarda, representación y la administración de sus bienes.

Normalmente, salvo en casos extremos, (malos tratos, no prestación de alimentos, etc.), es que la patria potestad se conceda a ambos, es decir se ejerza conjuntamente.

Custodia compartida.

Custodia CompartidaLa Ley 15/2005, de 8 de Julio, de reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio, ha introducido importantes cambios en cuanto a la guarda y custodia y la patria potestad de los hijos, regulando de forma novedosa la guarda y custodia compartida. Actualmente hay comunidades Autónomas donde se ha legislado regulando la custodia compartida, así en Cataluña desde el 14 de julio de 2010 se aprueba el proyecto de ley del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña sobre la persona y la familia, dando preferencia a la guarda compartida de los hijos en caso de separación o divorcio de los progenitores, sin perjuicio de que en determinadas situaciones, por interés del menor, se pueda atribuir la guarda a uno solo de los padres, dicha ley entró en vigor recientemente, el 1 de enero de 2011. Otra comunidad que ha legislado al respecto también es Aragón, Ley 2/2010, de 26 de mayo, la cual entró en vigor el 8 de septiembre de 2010.

Para decidir qué progenitor debe ostentar la guarda y custodia rige el principio del beneficio del menor, “favor filii”, en el caso de que no hubiera acuerdo entre los cónyuges, el juez podrá decidir, ponderando el interés del menor, y si lo considera conveniente, oyendo al propio menor de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor; con cual de los padres se va a quedar, valorando las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada,y ponderando las aptitudes de los cónyuges, relaciones que los padres mantengan entre sí y con sus hijos, condiciones, entorno, estabilidad, equilibrio, desarrollo integral del menor, entre otras circunstancias.

Excepcionalmente y cuando concurran causas graves el art. 1103 del Código Civil, recoge la posibilidad de que la custodia se encomiende a un tercero (abuelos, parientes, o bien a una institución)

Los cónyuges pueden acordar por convenio, o el Juez decidir, en su caso, que el ejercicio de la patria potestad se atribuya a uno sólo de los cónyuges o a ambos de forma compartida. En este último supuesto se trataría de la figura de la “custodia compartida”.

Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos.

No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.

Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos anteriores, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores.

No obstante la postura de los Juzgados de Familia y de las Audiencias Provinciales es contraria a otorgar la custodia compartida fuera de los casos en que ambos cónyuges así lo hayan adoptado en un convenio regulador dentro del marco de un  divorcio de mutuo acuerdo, las razones esgrimidas por los jueces son que para adoptar la custodia compartida son necesarias unas condiciones de comunicación y flexibilidad entre los cónyuges, razones que no existen en los procedimientos contenciosos. La atribución de la guarda y custodia requiere atender a las circunstancias concretas, en combinación con los criterios legales como es el interés superior de los menores, el derecho de audiencia de los menores, el principio de no separación de hermanos a que se refiere el art. 92 párrafo. 4.ºdel Código Civil, la edad de los menores, el tiempo de que disponen los progenitores, la convivencia del solicitante con una tercera persona, el lugar de residencia, etc. Si hay mutuo acuerdo entre los progenitores el juez puede ratificar lo que han acordado ambos, salvo que considere que puede haber un riesgo claro para los meores. Si no hay acuerdo previo, la justicia decide, teniendo en cuenta:

   1. No separar a los hermanos.
   2. Las necesidades afectivas y emocionales de los mismos.
   3. La cercanía de otros miembros de la familia (los abuelos, por ejemplo).
   4. La disponibilidad de los padres para poder atenderles mejor o peor.
   5. Si alguno de los cónyuges tiene algún tipo de adicción, enfermedad mental o tipo de vida desordenada.
   6. Otro de los criterios que tiene en cuenta el juez, y que a menudo resulta el más determinante, es la dedicación que haya tenido cada progenitor hacia el hijo antes de producirse la ruptura. (en el 95% de los casos se adjudican a las mujeres).

Régimen de visitas:

Se fijará un régimen de visitas que es el tiempo que el niño convive con el progenitor que no tiene la custodia. Lo normal es un régimen de visitas de fines de semana alternos y en las vacaciones de un 50%, aunque puede ser flexible si hay una buena relación entre los progenitores. Cuando no hay acuerdo entre las partes, es obligatorio establecer un régimen mínimo detallando los períodos, días y horas de recogida, así como quién será la persona que vaya a buscar a los menores.
Y cuando el niño sea mayor de 13 años se tendrá en cuenta su opinión a la hora de establecer el régimen y las fechas de las visitas.

 Los Derechos y obligaciones de los progenitores respecto a los hijos:

 Con custodia:

Derechos:

   1. Convivencia diaria con los menores
   2. Tomar las decisiones que afectan a los niños en el día a día.
   3. Administrar sus bienes y la pensión alimenticia.

 Obligaciones:

   1. Alimentarles, educarles y darles la compañía y el cariño necesarios.
   2. Facilitar el cumplimiento del régimen de visitas.
   3. Informar al otro progenitor de las incidencias importantes que le sucedan al menor

Sin custodia:

Derechos

1.- Disfrutar del régimen de visitas acordado.
2.- Ser informado de todas las incidencias importantes.
3.- Ejercer la patria potestad, que sigue siendo compartida, salvo que el juez indique lo contrario.
4.- Acudir al juez en caso de que se produzca algún incumplimiento.

Obligaciones

1.- Cumplir con todo lo acordado en el convenio regulador (régimen de visitas, pensiones alimenticias…)
2.-Velar por ellos en todo lo que se refiere a salud, educación y desarrollo integral de su persona.

En las Parejas de hecho:

Mientras convivan juntos tanto la patria potestad como la custodia se ejercen conjuntamente por ambos progenitores. Una vez rota la convivencia, los padres pueden pactar lo que consideren oportuno respecto al ejercicio de la guardia y custodia pero en ningún caso se puede acordar la renuncia al pago de los alimentos de los hijos o que éstos los pague una tercera persona distinta a los progenitores.

A falta de acuerdo, salvo excepciones, el juez otorgará a ambos progenitores la patria potestad y la guardia y custodia a aquel con quien conviva el menor. Al otro progenitor se le otorgará un régimen de visitas y comunicaciones para que pueda tener consigo al menor, generalmente, los fines de semanas alternos y la mitad de los periodos de vacaciones.

Si el hijo fue reconocido sólo por la madre, es ella quien exclusivamente tendrá la patria potestad. Y si el hijo fue reconocido por ambos padres, rige lo señalado anteriormente distinguiendo si sus padres viven juntos o separados.

Si el hijo no está reconocido por su padre y se intenta su reconocimiento a través de un juicio de reclamación de la paternidad, y el padre niega su paternidad, pero luego el juez determina que efectivamente es el padre, éste perderá todos los derechos que le otorga la patria potestad.

El padre y/o la madre que tenga la patria potestad, tendrá los siguientes derechos en cuanto a los bienes de los hijos:

1.- La administración de los bienes del hijo. Para resguardar la seguridad de los bienes raíces del hijo, en el caso que el padre o madre que tenga la patria potestad quiera vender o hipotecar alguno de ellos, necesitará autorización judicial.

2.- La representación del hijo tanto judicial (sea que el hijo es demandante o demandado), como extrajudicial (por ejemplo para firmar contratos o tramitar en un banco la obtención de una libreta de ahorro para el hijo)

3.- El goce de los bienes raíces del hijo, es decir la facultad de usar sus bienes muebles o raíces; como por ejemplo arrendar la casa del hijo y recibir el pago del arriendo mensual.

Son corrientes las preguntas como si al carecer la mujer de medios económicos o por no tener trabajo, o cesar en el mismo, puede perder automáticamente la guarda y custodia de sus hijos. No es así ya que normalmente la mujer tendrá la guarda y custodia de los hijos menores y, únicamente, podrá perderla cuando tenga problemas graves de comportamiento: toxicomanía, alcoholismo, etc., o porque lo hayan decidido conjuntamente ambos cónyuges.

De todas maneras siempre es recomendable acudir a un profesional especialista en esta materia para cualquier duda que podamos plantearnos.

Mª Dolores Ortiz (Abogada)
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Agilizar la Justicia

Recientemente el Consejo de Ministros aprobó el día 4 de marzo de 2011 el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, destinado a agilizar y facilitar el funcionamiento de los Tribunales civiles y contencioso-administrativos. ¿Tú que opinas?.

Se trata de un Proyecto polémico que no ha dejado indiferente a todos los que desde diferentes instancias trabajamos en, por y para la justicia.

Entre las medidas más destacadas figuran las siguientes:

Orden jurisdiccional civil

En el proceso monitorio  se suprime el límite máximo de 250.000 euros equiparándolo al sistema monitorio europeo.

En cuanto a los recursos:

Apelación: Se suprime en los juicios verbales de reclamación de cantidad en cuantía hasta 6.000 euros, de modo que la sentencia de primera instancia será firme y no recurrible.

También se elimina el trámite de anuncio y preparación de recursos, de forma que los mismos se anuncian y formalizan en un solo escrito.

Casación: Actualización de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes contencioso-administrativo y civil, inalterada desde los años 1998 y 2000, respectivamente, que pasa de 150.000 a 800.000 euros.

Procesos especiales para la tutela del crédito, se incorpora el “renting” (alquiler a largo plazo con derecho a compra) al régimen procesal especial, que ya estaba previsto para la protección de contratos similares como el “leasing”, en cuanto a la recuperación de los bienes entregados en arrendamiento.

Contencioso administrativo

Supresión de trámites en la fase probatoria, supresión de la vista cuando las partes estén de acuerdo, se regula de forma más clara el régimen jurídico de las medidas cautelares urgentes.

Se elevan los límites cuantitativos, tanto del recurso de apelación como del de casación, pasando este último de 150.000 a 800.000 euros.

En materia de costas procesales para los procesos de única o primera instancia se incorpora el criterio del vencimiento, con la posibilidad de que el órgano judicial pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición.

Proceso penal

La reforma incorpora determinados preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan la intervención de las personas jurídicas en el proceso en calidad de imputadas, como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010, que introdujo un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

  A FAVOR


Respecto al proceso monitorio: De esta manera, se amplía el uso de un instrumento procesal más ágil que ha demostrado su eficacia en las reclamaciones de deuda en un momento de crisis como el actual.

Respecto a los Recursos: Se salvaguarda el derecho de acceso al juez al tiempo que se limita el uso innecesario de instancias judiciales y evita que los litigios se mantengan abiertos durante años.

Reducirá los tiempos y evitará dilaciones por exceso de trámites.

Respecto al contencioso-administrativo: Se incorporan determinadas modificaciones que implican una mejora y racionalización técnica, como la supresión de trámites innecesarios en la fase probatoria, la eventual supresión de la vista cuando las partes están de acuerdo, o un más adecuado y clarificado régimen jurídico de las medidas cautelares más urgentes.

La agilización se consigue por dos vías: en primer lugar, dotando de firmeza a las resoluciones en plazos más breves y, en segundo lugar, descargando a los órganos de apelación y casación de un importante volumen de asuntos, lo cual les permitirá desarrollar con mayor rapidez el resto de sus funciones.

 EN CONTRA


Se deja en manos de los jueces de primera instancia la resolución final del litigio, convirtiendo en firmes las sentencias de primera instancia, vedando al ciudadano el derecho al recurso, es cierto que se agilizan los trámites pero en detrimento de las garantías de los ciudadanos.

Puede provocar que se creen situaciones tan kafkianas como que dos Juzgados de primera instancia dicten sentencias contradictorias en un asunto de cuantía inferior a 6.000 euros y no puedan recurrirse.

La reforma recorta derechos de los ciudadanos frente a la Administración. No suponen una agilización procesal. Es cierto que la justicia necesita reformas pero no por éste camino. No hay garantía de que se vaya a solucionar el colapso, ¿por qué no se dota de mayor número de jueces a los juzgados y se implanta la informatización de los mismos dando entrada en dicha informatización a todos los operadores jurídicos, funcionarios y abogados?.

¿TÚ QUE OPINAS?

M.D. Ortiz (Abogada)
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Y vuelta otra vez a lo mismo… La larga espera para cobrar un seguro

Es curioso que en principio cuando se formaliza un préstamo hipotecario, personal, et,. una práctica muy habitual por parte de la entidad bancaria a la hora de concederlo sea la sugerencia o incluso la “obligación” de la contratación de un seguro de vida y curiosamente que dicho seguro esté contratado con la compañía aseguradora que la propia entidad bancaria designe.

Hay que indicar que no existe ninguna legislación que exija a la hora de formalizar un préstamo la constitución de un seguro de vida, al igual que tampoco se puede imponer por parte del Banco la entidad aseguradora. El Banco de España así lo reconoce,

En el caso de concertar el  seguro de vida la verdadera razón para contratarlo sería dar una seguridad a su familia en el supuesto que se produjera el hecho causante del mismo, ya que es incierto que el seguro sea obligado.

Las excusas que suelen poner los bancos a la hora de formalizarlo son que te van a ofrecer mejores condiciones si vinculas un seguro que te venden ellos o que el seguro te  lo “imponen” incluso llegando a decirte el empleado de la sucursal al cliente que es obligatorio; o una de dos: te están mintiendo o bien ellos mismos creen que es obligatorio debido al desconocimiento del tema, creen ciegamente que el Banco no miente

En todo caso en el supuesto de decidirse por contratar un seguro vinculado a un préstamo, el prestatario tiene derecho a designar a la entidad aseguradora de mutuo acuerdo con la parte prestamista, en este sentido el artículo 40 del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios indica expresamente:

“Las entidades de crédito y las demás entidades financieras deberán hacer constar expresamente en los folletos informativos previos a la formalización de los préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria destinados a la adquisición de viviendas que suscriban con personas físicas el derecho que asiste al prestatario para designar, de mutuo acuerdo con la parte prestamista, la persona o entidad que vaya a llevar a cabo la tasación del inmueble objeto de la hipoteca, la que se vaya a encargar de la gestión administrativa de la operación, así como la entidad aseguradora que, en su caso, vaya a cubrir las contingencias que la entidad prestamista exija para la formalización del préstamo. En cuanto a la designación del Notario ante quien se vaya a otorgar la correspondiente escritura pública, se estará a lo dispuesto en la legislación notarial, debiéndose hacer constar expresamente esta circunstancia en el mismo folleto.

El incumplimiento de la obligación a la que se refiere el párrafo anterior se considerará infracción a lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, y se sancionará conforme a lo dispuesto en su Título I.”

Es importantísimo leer antes de firmar todos los documentos, o bien dárselos a una persona de confianza que entienda para que los lea, normalmente a un profesional, abogado que pueda asesoraros. La “letra pequeña” es muy importante entenderla y conocerla, tomaros vuestro tiempo.

El banco tiene la obligación de información al cliente y de que sea una información transparente, y el cliente a pedir los documentos que sean necesarios, así lo exigen las buenas prácticas bancarias y así está estipulado por el mismo Banco de España  http://www.bde.es/webbde/es/

Si además una vez contratado el seguro se produce el hecho causante del mismo la compañía aseguradora tiene que cumplir con su parte e indemnizar al beneficiario del seguro en la cantidad correspondiente, normalmente la pelea con el Banco y la aseguradora suele ser agotadora, ya que parece una carrera de obstáculos casi insalvables, poniendo pegas y barreras por todos los lados.

Es curioso que a la hora de formalizar el préstamo casi venía implícito el seguro y casi “ni lo notas”, porque de facto estaba impuesto sin darte cuenta, y sin embargo a la hora de cobrar el importe del mismo todo son un: “falta esto o lo otro”, o intentan acogerse a las cláusulas de exoneración del pago, aún no teniendo muchas veces la razón de su parte.

En estos supuestos recomendamos que ante este callejón sin salida y para poder ver una luz al final se acuda a un despacho de abogados donde el profesional intentará lidiar con la compañía aseguradora velando por sus intereses, que deberían haber estado protegidos desde el principio.

Autora: Dolores Ortiz
Abogada
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