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El Derecho de Huelga. ¿Dónde está el límite?

¿Responde la regulación actual a las necesidades del mercado laboral?, ¿Se sobreprotege a una parte del conflicto más que a otra?, ¿Cómo se conjugan ambas libertades: la del trabajador reconocida como derecho constitucional esencial y la de los demás ciudadanos (derecho al trabajo, libertad de movimientos) afectados por la huelga, que también son derechos fundamentales? ¿Dónde está el límite? Hay una frase que dice ““mi libertad termina donde comienza la de los demás”.

Quizás es difícil delimitarlo sin perjudicar a unos y a otros, vemos como por ejemplo en conflictos con compañías aéreas en los medios de comunicación el pasajero se queda en tierra incluso días, sin que nadie le dé una solución.

Está claro que el trabajador tiene que reivindicar sus derechos y ello nadie lo pone en duda. Pero en estos casos tan escandalosos ¿Qué pasa con los servicios mínimos?

Desde el punto de vista jurídico el derecho de huelga está reconocido en el art.28 CE como fundamental:

“1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente, La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulara las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.”

También está regulado en el RDL 17/1977, de 4 de marzo como un derecho irrenunciable.

Este Real Decreto Legislativo define la huelga como la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, considerando actos ilícitos o abusivos las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta de la huelga.

Del mismo modo, se considera que la huelga es ilegal cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados, cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promueven o sostengan, cuando tenga por objeto alterar, dentro de su periodo de vigencia, lo pactado en un convenio colectivo o lo establecido por laudo y cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley, o lo expresamente pactado en convenio colectivo para la solución de conflictos.

El Derecho de huelga puede ser ejercitado y puede ser declarada por acuerdo, y constar en acta:

1.- Los trabajadores, mediante sus representantes, adoptado por mayoría.

2.- Directamente por los propios trabajadores afectados previa votación secreta decidido por mayoría simple.

El acuerdo de declaración de huelga debe comunicarse al empresario y a la autoridad laboral con 5 días naturales de antelación a su inicio, y con 10 días si se trata de una empresa encargada de un servicio público.

Se constituye un Comité de Huelga con un máximo de 12 trabajadores elegidos entre los mismos.

Durante la huelga queda suspendido el contrato de trabajo y el salario pero el trabajador estará en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la prestación por desempleo ni a la de incapacidad temporal.

Durante la huelga se debe respetar también la libertad de los trabajadores que no quieran secundarla.

Por lo tanto el derecho de huelga no es ilimitado. El mismo art. 28.2 CE establece que su límite está en asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Es decir, se trata de un derecho que debe ser ejercitado de forma responsable respetando la libertad de los trabajadores que no quieren ejercitarlo.

Mientras dure la huelga, los trabajadores huelguistas tienen la obligación de no ocupar los centros de trabajo donde habitualmente prestan sus servicios. De esta forma, la legislación vigente intenta compatibilizar el derecho a la huelga de los trabajadores que opten por ella, con el resto de derechos legítimos de las demás partes implicadas en el conflicto, especialmente la libertad de trabajo de aquellos empleados que no quieran sumarse a la huelga.

La realización de la huelga no es causa de despido y tampoco puede dar lugar a la imposición de sanciones por parte del empresario.

La huelga es desde el punto de vista constitucional un derecho público subjetivo vinculante para todos los poderes públicos.

Señala el TC en Sentencia de 8 de abril de 1981

“la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del estado social y democrático de derecho establecido por el artículo 1.1 de la Constitución que entre otras significaciones, tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes…lo es también el derecho reconocido a los sindicatos en el artículo 7 de la Constitución, ya que un sindicato sin derecho al ejercicio del derecho de huelga quedaría en una sociedad democrática vaciado de contenido, y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sociales sean reales y efectivas”

La regulación jurídica del derecho de huelga está necesitada desde hace muchos años de una urgente modificación. Tenemos una regulación anticuada (RDL de 1977), aunque posteriormente la jurisprudencia lo ha ido interpretando.

Continuamente se plantea la delimitación de “qué servicios son los esenciales para la comunidad” “cuantificación de servicios mínimos”. Ya que siempre acabamos pagando el pato los ciudadanos, ya que en la mayoría de huelgas el éxito deriva de la capacidad de perjudicar al usuario.

Es lógico pensar en una nueva regulación del derecho de huelga que responda a las necesidades actuales.

Autora: Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

www.masqueabogados.com

Guarda y custodia. Patria potestad.

No hay que confundir la «guardia y custodia» con la «patria potestad». La patria potestad son los derechos y deberes que cada progenitor tiene en relación con sus hijos, que lleva aparejada el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos menores de edad no emancipados, y su protección. Tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los mismos. Comprende la guarda, representación y la administración de sus bienes.

Normalmente, salvo en casos extremos, (malos tratos, no prestación de alimentos, etc.), es que la patria potestad se conceda a ambos, es decir se ejerza conjuntamente.

Custodia compartida.

Custodia CompartidaLa Ley 15/2005, de 8 de Julio, de reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio, ha introducido importantes cambios en cuanto a la guarda y custodia y la patria potestad de los hijos, regulando de forma novedosa la guarda y custodia compartida. Actualmente hay comunidades Autónomas donde se ha legislado regulando la custodia compartida, así en Cataluña desde el 14 de julio de 2010 se aprueba el proyecto de ley del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña sobre la persona y la familia, dando preferencia a la guarda compartida de los hijos en caso de separación o divorcio de los progenitores, sin perjuicio de que en determinadas situaciones, por interés del menor, se pueda atribuir la guarda a uno solo de los padres, dicha ley entró en vigor recientemente, el 1 de enero de 2011. Otra comunidad que ha legislado al respecto también es Aragón, Ley 2/2010, de 26 de mayo, la cual entró en vigor el 8 de septiembre de 2010.

Para decidir qué progenitor debe ostentar la guarda y custodia rige el principio del beneficio del menor, “favor filii”, en el caso de que no hubiera acuerdo entre los cónyuges, el juez podrá decidir, ponderando el interés del menor, y si lo considera conveniente, oyendo al propio menor de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor; con cual de los padres se va a quedar, valorando las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada,y ponderando las aptitudes de los cónyuges, relaciones que los padres mantengan entre sí y con sus hijos, condiciones, entorno, estabilidad, equilibrio, desarrollo integral del menor, entre otras circunstancias.

Excepcionalmente y cuando concurran causas graves el art. 1103 del Código Civil, recoge la posibilidad de que la custodia se encomiende a un tercero (abuelos, parientes, o bien a una institución)

Los cónyuges pueden acordar por convenio, o el Juez decidir, en su caso, que el ejercicio de la patria potestad se atribuya a uno sólo de los cónyuges o a ambos de forma compartida. En este último supuesto se trataría de la figura de la «custodia compartida».

Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos.

No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.

Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos anteriores, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores.

No obstante la postura de los Juzgados de Familia y de las Audiencias Provinciales es contraria a otorgar la custodia compartida fuera de los casos en que ambos cónyuges así lo hayan adoptado en un convenio regulador dentro del marco de un  divorcio de mutuo acuerdo, las razones esgrimidas por los jueces son que para adoptar la custodia compartida son necesarias unas condiciones de comunicación y flexibilidad entre los cónyuges, razones que no existen en los procedimientos contenciosos. La atribución de la guarda y custodia requiere atender a las circunstancias concretas, en combinación con los criterios legales como es el interés superior de los menores, el derecho de audiencia de los menores, el principio de no separación de hermanos a que se refiere el art. 92 párrafo. 4.ºdel Código Civil, la edad de los menores, el tiempo de que disponen los progenitores, la convivencia del solicitante con una tercera persona, el lugar de residencia, etc. Si hay mutuo acuerdo entre los progenitores el juez puede ratificar lo que han acordado ambos, salvo que considere que puede haber un riesgo claro para los meores. Si no hay acuerdo previo, la justicia decide, teniendo en cuenta:

   1. No separar a los hermanos.
   2. Las necesidades afectivas y emocionales de los mismos.
   3. La cercanía de otros miembros de la familia (los abuelos, por ejemplo).
   4. La disponibilidad de los padres para poder atenderles mejor o peor.
   5. Si alguno de los cónyuges tiene algún tipo de adicción, enfermedad mental o tipo de vida desordenada.
   6. Otro de los criterios que tiene en cuenta el juez, y que a menudo resulta el más determinante, es la dedicación que haya tenido cada progenitor hacia el hijo antes de producirse la ruptura. (en el 95% de los casos se adjudican a las mujeres).

Régimen de visitas:

Se fijará un régimen de visitas que es el tiempo que el niño convive con el progenitor que no tiene la custodia. Lo normal es un régimen de visitas de fines de semana alternos y en las vacaciones de un 50%, aunque puede ser flexible si hay una buena relación entre los progenitores. Cuando no hay acuerdo entre las partes, es obligatorio establecer un régimen mínimo detallando los períodos, días y horas de recogida, así como quién será la persona que vaya a buscar a los menores.
Y cuando el niño sea mayor de 13 años se tendrá en cuenta su opinión a la hora de establecer el régimen y las fechas de las visitas.

 Los Derechos y obligaciones de los progenitores respecto a los hijos:

 Con custodia:

Derechos:

   1. Convivencia diaria con los menores
   2. Tomar las decisiones que afectan a los niños en el día a día.
   3. Administrar sus bienes y la pensión alimenticia.

 Obligaciones:

   1. Alimentarles, educarles y darles la compañía y el cariño necesarios.
   2. Facilitar el cumplimiento del régimen de visitas.
   3. Informar al otro progenitor de las incidencias importantes que le sucedan al menor

Sin custodia:

Derechos

1.- Disfrutar del régimen de visitas acordado.
2.- Ser informado de todas las incidencias importantes.
3.- Ejercer la patria potestad, que sigue siendo compartida, salvo que el juez indique lo contrario.
4.- Acudir al juez en caso de que se produzca algún incumplimiento.

Obligaciones

1.- Cumplir con todo lo acordado en el convenio regulador (régimen de visitas, pensiones alimenticias…)
2.-Velar por ellos en todo lo que se refiere a salud, educación y desarrollo integral de su persona.

En las Parejas de hecho:

Mientras convivan juntos tanto la patria potestad como la custodia se ejercen conjuntamente por ambos progenitores. Una vez rota la convivencia, los padres pueden pactar lo que consideren oportuno respecto al ejercicio de la guardia y custodia pero en ningún caso se puede acordar la renuncia al pago de los alimentos de los hijos o que éstos los pague una tercera persona distinta a los progenitores.

A falta de acuerdo, salvo excepciones, el juez otorgará a ambos progenitores la patria potestad y la guardia y custodia a aquel con quien conviva el menor. Al otro progenitor se le otorgará un régimen de visitas y comunicaciones para que pueda tener consigo al menor, generalmente, los fines de semanas alternos y la mitad de los periodos de vacaciones.

Si el hijo fue reconocido sólo por la madre, es ella quien exclusivamente tendrá la patria potestad. Y si el hijo fue reconocido por ambos padres, rige lo señalado anteriormente distinguiendo si sus padres viven juntos o separados.

Si el hijo no está reconocido por su padre y se intenta su reconocimiento a través de un juicio de reclamación de la paternidad, y el padre niega su paternidad, pero luego el juez determina que efectivamente es el padre, éste perderá todos los derechos que le otorga la patria potestad.

El padre y/o la madre que tenga la patria potestad, tendrá los siguientes derechos en cuanto a los bienes de los hijos:

1.- La administración de los bienes del hijo. Para resguardar la seguridad de los bienes raíces del hijo, en el caso que el padre o madre que tenga la patria potestad quiera vender o hipotecar alguno de ellos, necesitará autorización judicial.

2.- La representación del hijo tanto judicial (sea que el hijo es demandante o demandado), como extrajudicial (por ejemplo para firmar contratos o tramitar en un banco la obtención de una libreta de ahorro para el hijo)

3.- El goce de los bienes raíces del hijo, es decir la facultad de usar sus bienes muebles o raíces; como por ejemplo arrendar la casa del hijo y recibir el pago del arriendo mensual.

Son corrientes las preguntas como si al carecer la mujer de medios económicos o por no tener trabajo, o cesar en el mismo, puede perder automáticamente la guarda y custodia de sus hijos. No es así ya que normalmente la mujer tendrá la guarda y custodia de los hijos menores y, únicamente, podrá perderla cuando tenga problemas graves de comportamiento: toxicomanía, alcoholismo, etc., o porque lo hayan decidido conjuntamente ambos cónyuges.

De todas maneras siempre es recomendable acudir a un profesional especialista en esta materia para cualquier duda que podamos plantearnos.

Mª Dolores Ortiz (Abogada)
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Y vuelta otra vez a lo mismo… La larga espera para cobrar un seguro

Es curioso que en principio cuando se formaliza un préstamo hipotecario, personal, et,. una práctica muy habitual por parte de la entidad bancaria a la hora de concederlo sea la sugerencia o incluso la “obligación” de la contratación de un seguro de vida y curiosamente que dicho seguro esté contratado con la compañía aseguradora que la propia entidad bancaria designe.

Hay que indicar que no existe ninguna legislación que exija a la hora de formalizar un préstamo la constitución de un seguro de vida, al igual que tampoco se puede imponer por parte del Banco la entidad aseguradora. El Banco de España así lo reconoce,

En el caso de concertar el  seguro de vida la verdadera razón para contratarlo sería dar una seguridad a su familia en el supuesto que se produjera el hecho causante del mismo, ya que es incierto que el seguro sea obligado.

Las excusas que suelen poner los bancos a la hora de formalizarlo son que te van a ofrecer mejores condiciones si vinculas un seguro que te venden ellos o que el seguro te  lo “imponen” incluso llegando a decirte el empleado de la sucursal al cliente que es obligatorio; o una de dos: te están mintiendo o bien ellos mismos creen que es obligatorio debido al desconocimiento del tema, creen ciegamente que el Banco no miente

En todo caso en el supuesto de decidirse por contratar un seguro vinculado a un préstamo, el prestatario tiene derecho a designar a la entidad aseguradora de mutuo acuerdo con la parte prestamista, en este sentido el artículo 40 del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios indica expresamente:

“Las entidades de crédito y las demás entidades financieras deberán hacer constar expresamente en los folletos informativos previos a la formalización de los préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria destinados a la adquisición de viviendas que suscriban con personas físicas el derecho que asiste al prestatario para designar, de mutuo acuerdo con la parte prestamista, la persona o entidad que vaya a llevar a cabo la tasación del inmueble objeto de la hipoteca, la que se vaya a encargar de la gestión administrativa de la operación, así como la entidad aseguradora que, en su caso, vaya a cubrir las contingencias que la entidad prestamista exija para la formalización del préstamo. En cuanto a la designación del Notario ante quien se vaya a otorgar la correspondiente escritura pública, se estará a lo dispuesto en la legislación notarial, debiéndose hacer constar expresamente esta circunstancia en el mismo folleto.

El incumplimiento de la obligación a la que se refiere el párrafo anterior se considerará infracción a lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, y se sancionará conforme a lo dispuesto en su Título I.”

Es importantísimo leer antes de firmar todos los documentos, o bien dárselos a una persona de confianza que entienda para que los lea, normalmente a un profesional, abogado que pueda asesoraros. La “letra pequeña” es muy importante entenderla y conocerla, tomaros vuestro tiempo.

El banco tiene la obligación de información al cliente y de que sea una información transparente, y el cliente a pedir los documentos que sean necesarios, así lo exigen las buenas prácticas bancarias y así está estipulado por el mismo Banco de España  http://www.bde.es/webbde/es/

Si además una vez contratado el seguro se produce el hecho causante del mismo la compañía aseguradora tiene que cumplir con su parte e indemnizar al beneficiario del seguro en la cantidad correspondiente, normalmente la pelea con el Banco y la aseguradora suele ser agotadora, ya que parece una carrera de obstáculos casi insalvables, poniendo pegas y barreras por todos los lados.

Es curioso que a la hora de formalizar el préstamo casi venía implícito el seguro y casi “ni lo notas”, porque de facto estaba impuesto sin darte cuenta, y sin embargo a la hora de cobrar el importe del mismo todo son un: “falta esto o lo otro”, o intentan acogerse a las cláusulas de exoneración del pago, aún no teniendo muchas veces la razón de su parte.

En estos supuestos recomendamos que ante este callejón sin salida y para poder ver una luz al final se acuda a un despacho de abogados donde el profesional intentará lidiar con la compañía aseguradora velando por sus intereses, que deberían haber estado protegidos desde el principio.

Autora: Dolores Ortiz
Abogada
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¿Qué derechos tenemos como consumidores?

Pensar antes de comprar, es decir no comprar por comprar ya que podemos adquirir productos que no necesitemos y que intentaremos devolver al día siguiente. Antes de adquirir un producto es conveniente buscar y comparar precios. Cuando nos ofertan un producto diciendo que si encontramos el mismo a un precio inferior nos compensan económicamente suele tener una serie de limitaciones como la del ámbito de la compra (que el producto más barato que haya comprado en la misma localidad) y en caso afirmativo la compensación suele conllevar aparatosos trámites y comprobaciones.

Hay que ser crítico con las ofertas y la publicidad. Es aconsejable leer toda la información del anuncio en especial la letra pequeña (la de la parte inferior). De cualquier modo hay que saber que las condiciones ofrecidas en la publicidad son tan exigibles como las que podemos firmar en el contrato. Y por lo tanto si es necesario guardar la publicidad ya que es vinculante.

Comprobar que los precios están visibles, incluyendo impuestos. Deben figurar en las etiquetas y en los escaparates.  Comprobar por lo tanto el etiquetado

Exigir estos derechos también en las rebajas.  (En la etiqueta debe constar el precio anterior y el rebajado, y no de manera superpuesta).

Se tiene que fijar por escrito la fecha de finalización de un servicio o entrega de un producto, ya que es necesario si queremos hacer valer la garantía o devolverlo.

En el caso de la vivienda si figura una fecha prefijada de entrega de llaves el comprador puede reclamar los daños producidos por el retraso siempre que la demora sea imputable al vendedor

Antes de adquirir un bien preguntar si tenemos dudas a los dependientes o vendedores. Hay que saber que si nos equivocamos en la elección los establecimientos no tienen la obligación de sustituirlo (a no ser que esté indicado en el ticket o en los carteles de la tienda). Sólo habría obligación si está defectuoso.

Es aconsejable pedir presupuesto ya que nos podemos encontrar que por un mismo servicio pueden oscilar los precios hasta límites insospechables.

Es muy importante guardar todas las facturas, tickets de compra ya que son la principal prueba.

Hacer valer la garantía. Hay dos clases de garantías:

  • La legal. La fijada por ley. Es de dos años en productos nuevos y de uno en los de segunda mano. Si el vendedor detecta un defecto durante este periodo dentro de los seis primeros meses podrá pedir responsabilidades al vendedor o al fabricante debiendo éste demostrar que el bien estaba en perfectas condiciones. Si es posterior a los seis meses el que lo debe demostrar es el comprador. La garantía abarca la obligación del vendedor o del fabricante de incluir la mano de obra, gastos de envío, piezas a sustituir y desplazamientos. Durante el tiempo de reparación del bien se paraliza el plazo de garantía. El plazo de inicio de la acción de reclamación es de tres años.
  • La comercial. Garantía añadida ofrecida por el vendedor o el fabricante. Debe constar por escrito. El plazo para la acción de reclamación de esta garantía es de seis meses desde que finaliza el periodo de garantía ofrecido.

Cuidado con los fraudes electrónicos, sólo comprar en páginas webs seguras.

Leer siempre el contrato y fijarse en la letra pequeña.

Exigir las hojas de reclamaciones, si se niegan a facilitárnosla podemos reclamar ante la oficina de consumo mas cercana.

Además si la empresa no facilitara estas hojas el consumidor podría solicitar la asistencia de la policía local para que levantara acta del hecho

Las hojas de reclamaciones deben rellenarse en el acto por el empleado del establecimiento y el reclamante con los datos de ambos, narración de los hechos, fecha y solicitud que hace el consumidor. El empleado también puede formulara alegaciones y debe sellar y firmar los impresos.

Las hojas de reclamaciones son impresos autocalcables  compuesto por un folio original en color blanco que el consumidor debe llevar a la Administración, otro rosa que se queda la empresa y el verde que se queda el consumidor.

Se recomienda adjuntar la factura, publicidad y cualquier otro medio con valor probatorio.

Puede ocurrir también que ante la reclamación el establecimiento facilite algún tipo de libro de quejas interno. Hay que saber que tienes derecho al oficial ya que sólo el oficial implica una comunicación de queja a la Administración.

Si se efectúa una reclamación que sea siempre por escrito y se recomienda guardar cualquier comunicación (fax, el acuse de recibo,…)

El art. 51 de la Constitución Española impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, creando el marco jurídico eficaz para la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los ciudadanos.

Esa protección implica crear procedimientos rápidos económicos y operativos que permitan a los consumidores y usuarios. La elaboración de un modelo uniforme de hojas de reclamaciones para todas las actividades consistentes en la puesta a disposición del ciudadano de productos y servicios, junto con la centralización de los organismos administrativos receptores de las mismas, responde a la necesidad de conseguir la protección eficaz de sus derechos e intereses, cumpliendo así los objetivos básicos de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

A la hora de reclamar ¿Cómo hacerlo?

Podemos intentar solucionar el conflicto amistosamente hablando con la tienda o el vendedor o acudiendo al departamento de atención al cliente. Si no se soluciona es conveniente pedir el libro de reclamaciones, si aún así se niegan a facilitarlo podemos presentar la queja ante cualquier oficina de consumidores, podemos acudir a la Administración o ante los Tribunales de Justicia

Si la reclamación es a través de la asociación de consumidores o de la administración si se puede acudir a la mediación o al arbitraje. Se finalizaría con laudo y si no, se iniciaría la vía administrativa que finalizaría con la correspondiente Resolución de la Administración.

En el caso de acudir a los Tribunales acabaría con Sentencia. En todos los supuestos siempre es aconsejable llegado el caso acudir a un profesional, un abogado que nos pueda ayudar y solucionar el conflicto.

Autora: Mª Dolores Ortiz (Abogada)

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