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Medidas de protección y seguridad a las víctimas de violencia de género.

Cabe que destaquemos:

1- Mayor número de efectivos de policía nacional y guardia civil dedicados a la prevención y lucha contra la violencia de género.

2- Elaboración y puesta en funcionamiento de un Protocolo común de Valoración de Riesgo para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y policías autonómicas.

3-Se establece una nueva base de datos común para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para mejorar la eficacia en el seguimiento de las circunstancias que concurren en cada una de las mujeres con medidas de protección y alejamiento. El objetivo es tener constancia permanente de la situación en la que viven las mujeres víctimas de violencia de género, para evitar una nueva agresión.

4- Creación de Unidades de Violencia contra la Mujer en las Subdelegaciones del Gobierno para coordinar toda la información y recursos existentes destinados a proteger a las mujeres en situación de riesgo, y posibilitar un seguimiento individualizado.

5-Protocolos de coordinación entre la Administración General del Estado, Administración Autonómica y Administraciones Locales que impliquen a todas las administraciones con el objetivo de lograr una actuación global e integral.

6- Servicio de teleasistencia móvil a todas las mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de alejamiento.

Medidas judiciales

1-Creación de nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos.

2-Ampliación de plantilla de fiscales dedicados a violencia sobre la mujer

3-Creación de nuevas Unidades Forenses de valoración integral.

4.-Especialización de Juzgados Penales

5.–Garantía del turno de oficio. Se garantiza a todas las mujeres víctimas de violencia de género que lo soliciten inmediata asistencia letrada de oficio especializada las 24 horas.


Medidas de prevención, sensibilización y atención

1.- Se pone en marcha un nuevo servicio telefónico de información y atención a mujeres víctimas de violencia de género, con asistencia especializada las 24 horas del día.

2.- Se pondrá en marcha el Protocolo de atención sanitaria en todos los centros públicos. Clarifica las condiciones en las que los médicos determinarán la sospecha de maltrato y la incluirán en la historia clínica de las pacientes.


Medidas de inhibición hacia los maltratadores

1.- Se pone en marcha en todo el Estado un modelo específico con criterios comunes y mínimos para los programas de intervención que la Ley Integral prevé cuando se sustituye o suspende la pena de prisión.

2.-Implantación nacional de los programas de rehabilitación a maltratadores en régimen abierto y extensión de los programas de rehabilitación de maltratadores en régimen cerrado.

3.Se pone en marcha un programa específico de seguimiento permanente a través de dispositivos electrónicos de los agresores penados por delitos de violencia de género.

4.-Programas de colaboración con empresas que posibiliten la contratación de mujeres víctimas de violencia de género.

5.Los funcionarios públicos condenados por violencia de género no podrán ser responsables directos ni ejercer su competencia en los servicios y unidades destinadas a la violencia de género.

¿Qué hacer en caso de sufrir malos tratos?

1. Denuncia los hechos inmediatamente. Tu denuncia afianza tu seguridad y previene futuras agresiones a ti misma o a otras mujeres. Si puedes llama a la policía o vete a la comisaría más próxima. Busca a familiares o algún vecino o vecina que pueda ayudarte.

Procura marcharte, lo primero es tu seguridad.

Acude a los servicios sociales de tu municipio donde te informarán sobre qué puedes hacer en tu situación y te darán apoyo adecuado para afrontarla.

2. No te laves ni laves tu ropa. No alteres el lugar de agresión. Son pruebas. Aporta la identidad o la descripción de tu agresor y cuantos datos consideres de interés para la investigación. Si tienes lesiones físicas o psicológicas acude a un Centro Sanitario y explica lo ocurrido, pide una copia del informe médico que te hagan.

3.- Formalizada tu denuncia, solicita justificante de la misma o copia de tu declaración. Te informarán sobre los derechos que te asisten como víctima y de las asociaciones y servicios sociales de tu zona, para acceder a posibles ayudas pensadas para ti.

4.- El personal encargado de la investigación policial que siga tu caso, te informará de la evolución del mismo y sobre cualquier suceso de importancia, siempre que no interfiera con las investigaciones.

5.Si tienes problemas, si te amenazan o te sientes insegura, avisa inmediatamente.

6.- Denuncia cada situación del maltrato o agresión sexual de la que seas víctima en cuanto se produzca. Si has denunciado este tipo de hechos en otras ocasiones, comunícalo.

7.-Mantente en contacto con la Policía y colabora con ella. No temas testificar y reconocer a tu agresor.

8.- Si te vas de casa… Llévate el DNI, libro de familia y toda la documentación importante (cartillas sanitaria y bancaria, escrituras o contratos vivienda; si tienes niños llévate su documentación personal y escolar o académica, y toda la que consideres que puede hacerte falta).

No te olvides del dinero que tengas, de las llaves y de tu agenda de teléfonos.

No des pistas o información que puedan ser conocidas por el agresor, evita que pueda localizarte.

 

Autora: Mª Dolores Ortiz Bermejo

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Violencia de Género

La violencia de género es un problema que nos implica a todos, estamos cansados de escuchar en los medios de comunicación el número de mujeres fallecidas, aunque sin olvidar que aunque en menores ocasiones existen hombres que también la sufren.

A pesar de que las cifras son más elevadas y la proporción de víctimas que sufren este tipo de violencia se inclina hacia el lado femenino y que no hay duda de que las mujeres son las más afectada tampoco hay que olvidar a los hombres que se encuentran en su misma situación, especialmente cuando parece un problema arraigado, que está lejos de desaparecer con los años: en 2002 murieron 16 varones por violencia de sus parejas, mientras que un año antes habían sido sólo 3.

Los poderes públicos no pueden obviar esta clase de violencia, que es uno de los ataques a los derechos fundamentales tales como la libertad, igualdad, a la vida, seguridad y no discriminación proclamados a lo largo de nuestra Constitución. Además y como consecuencia del art. 9.2 CE tienen la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas.

La Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Al respecto se puede citar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la Mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General; las Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre otros. Muy recientemente, la Decisión n.º 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II), ha fijado la posición y estrategia de los representantes de la ciudadanía de la Unión al respecto.

La Ley establece una jurisdicción especial para la violencia de género y pretende lograr una estrecha coordinación de todos los agentes implicados en el proceso (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscales, forenses, psicólogos, magistrados, etc.), que deberán recibir una formación específica para que las víctimas sean atendidas en todo momento por especialistas.

Objeto de la ley. «Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». (Artículo 1.1.)

La formación en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres debe ser uno de los fines del sistema educativo español. La Administración tendrá que revisar los materiales y libros de texto para garantizar la ausencia de conceptos o referencias que puedan fomentar la desigualdad. Además, en el Consejo Escolar del Estado tendrán presencia las organizaciones de mujeres, el Instituto de la Mujer y expertos reconocidos en la lucha contra la violencia por razones de sexo.

Publicidad. Se considerará ilícito la asociación del cuerpo femenino con un producto concreto. Las asociaciones e instituciones que trabajan a favor de la igualdad podrán solicitar la retirada de un anuncio si lo consideran oportuno.

Apoyo a las víctimas. La nueva ley permitirá la creación de servicios de atención e información inmediata que garanticen un primer asesoramiento legal y psicológico, centros de emergencia para asistir a las mujeres y a sus hijos y centros de recuperación integral. Comunidades Autónomas y Ayuntamientos participarán en el desarrollo de todos estos servicios, en los que también se contempla la asistencia jurídica especializada y gratuita, así como ayudas económicas que faciliten a las víctimas empezar una nueva vida: formación para el empleo, acceso prioritario a viviendas de protección oficial, bonificación a las empresas que las contraten, un fondo de garantía de pago de alimentos, entre otras. Además, las víctimas tendrán derechos laborales específicos como adaptar o reducir su jornada de trabajo, movilidad geográfica o extinguir un contrato cobrando el subsidio de desempleo.

Medidas jurídicas y penales. Se crearán Juzgados de Igualdad y Asuntos Familiares en cada provincia y capital, en los que se centralizarán los asuntos civiles y penales de una misma unidad familiar. Estos jueces podrán adoptar distintas medidas de protección, según la gravedad de los casos: desde la salida del agresor del domicilio, el alejamiento y la suspensión de las comunicaciones, hasta la privación de la patria potestad y custodia de menores o la suspensión del régimen de visitas. También se reforzarán las penas contra los agresores: las amenazas leves se podrán sancionar con prisión de seis meses a un año y el juez podrá inhabilitar al progenitor para el ejercicio de la patria potestad o la tutela de los hijos hasta cinco años. En caso de lesiones, se agrava la pena de dos a cinco años cuando la víctima sea la esposa o compañera sentimental, aunque no haya habido convivencia. Además, se prevé que cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales tenga su propia Sección de Violencia Familiar y que se cree la figura del ‘Fiscal contra la violencia contra la mujer’.

Nuevos órganos administrativos. La ley contempla la creación de una Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (bajo el Ministerio de Presidencia y con rango de Secretaría de Estado), un Consejo Consultivo y un Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer en el Ministerio de Trabajo y asuntos sociales.

Otras medidas. Creación de unidades especializadas en prevención de la violencia; aplicación de programas específicos a maltratadores en prisión.

El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula.

Durante el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Ley Integral se han puesto en marcha todas las medidas institucionales previstas, entre las que destacan por su importancia la creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la creación de los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y las fiscalías especiales. Junto a esto se han aumentado los recursos que el Estado dedica a combatir la violencia de género y se han puesto en marcha nuevos derechos sociales y económicos para las mujeres que garantizan asistencia social integral, empleo y recursos económicos en casos de necesidad.

Todo ello ha contribuido en este tiempo a generar un rechazo social hacia la violencia que se ejerce sobre las mujeres; ha fomentado una mayor sensibilización social sobre el problema, y ha hecho posible una mayor implicación profesional por parte de todos los profesionales que intervienen en el fenómeno de la violencia de género. También es destacable una mayor confianza social en el sistema, que se evidencia en el aumento de denuncias por malos tratos.

Autora: Mª Dolores Ortiz (Abogada)

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Guarda y custodia. Patria potestad.

No hay que confundir la “guardia y custodia” con la “patria potestad”. La patria potestad son los derechos y deberes que cada progenitor tiene en relación con sus hijos, que lleva aparejada el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos menores de edad no emancipados, y su protección. Tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los mismos. Comprende la guarda, representación y la administración de sus bienes.

Normalmente, salvo en casos extremos, (malos tratos, no prestación de alimentos, etc.), es que la patria potestad se conceda a ambos, es decir se ejerza conjuntamente.

Custodia compartida.

Custodia CompartidaLa Ley 15/2005, de 8 de Julio, de reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio, ha introducido importantes cambios en cuanto a la guarda y custodia y la patria potestad de los hijos, regulando de forma novedosa la guarda y custodia compartida. Actualmente hay comunidades Autónomas donde se ha legislado regulando la custodia compartida, así en Cataluña desde el 14 de julio de 2010 se aprueba el proyecto de ley del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña sobre la persona y la familia, dando preferencia a la guarda compartida de los hijos en caso de separación o divorcio de los progenitores, sin perjuicio de que en determinadas situaciones, por interés del menor, se pueda atribuir la guarda a uno solo de los padres, dicha ley entró en vigor recientemente, el 1 de enero de 2011. Otra comunidad que ha legislado al respecto también es Aragón, Ley 2/2010, de 26 de mayo, la cual entró en vigor el 8 de septiembre de 2010.

Para decidir qué progenitor debe ostentar la guarda y custodia rige el principio del beneficio del menor, “favor filii”, en el caso de que no hubiera acuerdo entre los cónyuges, el juez podrá decidir, ponderando el interés del menor, y si lo considera conveniente, oyendo al propio menor de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor; con cual de los padres se va a quedar, valorando las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada,y ponderando las aptitudes de los cónyuges, relaciones que los padres mantengan entre sí y con sus hijos, condiciones, entorno, estabilidad, equilibrio, desarrollo integral del menor, entre otras circunstancias.

Excepcionalmente y cuando concurran causas graves el art. 1103 del Código Civil, recoge la posibilidad de que la custodia se encomiende a un tercero (abuelos, parientes, o bien a una institución)

Los cónyuges pueden acordar por convenio, o el Juez decidir, en su caso, que el ejercicio de la patria potestad se atribuya a uno sólo de los cónyuges o a ambos de forma compartida. En este último supuesto se trataría de la figura de la “custodia compartida”.

Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos.

No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.

Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos anteriores, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores.

No obstante la postura de los Juzgados de Familia y de las Audiencias Provinciales es contraria a otorgar la custodia compartida fuera de los casos en que ambos cónyuges así lo hayan adoptado en un convenio regulador dentro del marco de un  divorcio de mutuo acuerdo, las razones esgrimidas por los jueces son que para adoptar la custodia compartida son necesarias unas condiciones de comunicación y flexibilidad entre los cónyuges, razones que no existen en los procedimientos contenciosos. La atribución de la guarda y custodia requiere atender a las circunstancias concretas, en combinación con los criterios legales como es el interés superior de los menores, el derecho de audiencia de los menores, el principio de no separación de hermanos a que se refiere el art. 92 párrafo. 4.ºdel Código Civil, la edad de los menores, el tiempo de que disponen los progenitores, la convivencia del solicitante con una tercera persona, el lugar de residencia, etc. Si hay mutuo acuerdo entre los progenitores el juez puede ratificar lo que han acordado ambos, salvo que considere que puede haber un riesgo claro para los meores. Si no hay acuerdo previo, la justicia decide, teniendo en cuenta:

   1. No separar a los hermanos.
   2. Las necesidades afectivas y emocionales de los mismos.
   3. La cercanía de otros miembros de la familia (los abuelos, por ejemplo).
   4. La disponibilidad de los padres para poder atenderles mejor o peor.
   5. Si alguno de los cónyuges tiene algún tipo de adicción, enfermedad mental o tipo de vida desordenada.
   6. Otro de los criterios que tiene en cuenta el juez, y que a menudo resulta el más determinante, es la dedicación que haya tenido cada progenitor hacia el hijo antes de producirse la ruptura. (en el 95% de los casos se adjudican a las mujeres).

Régimen de visitas:

Se fijará un régimen de visitas que es el tiempo que el niño convive con el progenitor que no tiene la custodia. Lo normal es un régimen de visitas de fines de semana alternos y en las vacaciones de un 50%, aunque puede ser flexible si hay una buena relación entre los progenitores. Cuando no hay acuerdo entre las partes, es obligatorio establecer un régimen mínimo detallando los períodos, días y horas de recogida, así como quién será la persona que vaya a buscar a los menores.
Y cuando el niño sea mayor de 13 años se tendrá en cuenta su opinión a la hora de establecer el régimen y las fechas de las visitas.

 Los Derechos y obligaciones de los progenitores respecto a los hijos:

 Con custodia:

Derechos:

   1. Convivencia diaria con los menores
   2. Tomar las decisiones que afectan a los niños en el día a día.
   3. Administrar sus bienes y la pensión alimenticia.

 Obligaciones:

   1. Alimentarles, educarles y darles la compañía y el cariño necesarios.
   2. Facilitar el cumplimiento del régimen de visitas.
   3. Informar al otro progenitor de las incidencias importantes que le sucedan al menor

Sin custodia:

Derechos

1.- Disfrutar del régimen de visitas acordado.
2.- Ser informado de todas las incidencias importantes.
3.- Ejercer la patria potestad, que sigue siendo compartida, salvo que el juez indique lo contrario.
4.- Acudir al juez en caso de que se produzca algún incumplimiento.

Obligaciones

1.- Cumplir con todo lo acordado en el convenio regulador (régimen de visitas, pensiones alimenticias…)
2.-Velar por ellos en todo lo que se refiere a salud, educación y desarrollo integral de su persona.

En las Parejas de hecho:

Mientras convivan juntos tanto la patria potestad como la custodia se ejercen conjuntamente por ambos progenitores. Una vez rota la convivencia, los padres pueden pactar lo que consideren oportuno respecto al ejercicio de la guardia y custodia pero en ningún caso se puede acordar la renuncia al pago de los alimentos de los hijos o que éstos los pague una tercera persona distinta a los progenitores.

A falta de acuerdo, salvo excepciones, el juez otorgará a ambos progenitores la patria potestad y la guardia y custodia a aquel con quien conviva el menor. Al otro progenitor se le otorgará un régimen de visitas y comunicaciones para que pueda tener consigo al menor, generalmente, los fines de semanas alternos y la mitad de los periodos de vacaciones.

Si el hijo fue reconocido sólo por la madre, es ella quien exclusivamente tendrá la patria potestad. Y si el hijo fue reconocido por ambos padres, rige lo señalado anteriormente distinguiendo si sus padres viven juntos o separados.

Si el hijo no está reconocido por su padre y se intenta su reconocimiento a través de un juicio de reclamación de la paternidad, y el padre niega su paternidad, pero luego el juez determina que efectivamente es el padre, éste perderá todos los derechos que le otorga la patria potestad.

El padre y/o la madre que tenga la patria potestad, tendrá los siguientes derechos en cuanto a los bienes de los hijos:

1.- La administración de los bienes del hijo. Para resguardar la seguridad de los bienes raíces del hijo, en el caso que el padre o madre que tenga la patria potestad quiera vender o hipotecar alguno de ellos, necesitará autorización judicial.

2.- La representación del hijo tanto judicial (sea que el hijo es demandante o demandado), como extrajudicial (por ejemplo para firmar contratos o tramitar en un banco la obtención de una libreta de ahorro para el hijo)

3.- El goce de los bienes raíces del hijo, es decir la facultad de usar sus bienes muebles o raíces; como por ejemplo arrendar la casa del hijo y recibir el pago del arriendo mensual.

Son corrientes las preguntas como si al carecer la mujer de medios económicos o por no tener trabajo, o cesar en el mismo, puede perder automáticamente la guarda y custodia de sus hijos. No es así ya que normalmente la mujer tendrá la guarda y custodia de los hijos menores y, únicamente, podrá perderla cuando tenga problemas graves de comportamiento: toxicomanía, alcoholismo, etc., o porque lo hayan decidido conjuntamente ambos cónyuges.

De todas maneras siempre es recomendable acudir a un profesional especialista en esta materia para cualquier duda que podamos plantearnos.

Mª Dolores Ortiz (Abogada)
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Agilizar la Justicia

Recientemente el Consejo de Ministros aprobó el día 4 de marzo de 2011 el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, destinado a agilizar y facilitar el funcionamiento de los Tribunales civiles y contencioso-administrativos. ¿Tú que opinas?.

Se trata de un Proyecto polémico que no ha dejado indiferente a todos los que desde diferentes instancias trabajamos en, por y para la justicia.

Entre las medidas más destacadas figuran las siguientes:

Orden jurisdiccional civil

En el proceso monitorio  se suprime el límite máximo de 250.000 euros equiparándolo al sistema monitorio europeo.

En cuanto a los recursos:

Apelación: Se suprime en los juicios verbales de reclamación de cantidad en cuantía hasta 6.000 euros, de modo que la sentencia de primera instancia será firme y no recurrible.

También se elimina el trámite de anuncio y preparación de recursos, de forma que los mismos se anuncian y formalizan en un solo escrito.

Casación: Actualización de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes contencioso-administrativo y civil, inalterada desde los años 1998 y 2000, respectivamente, que pasa de 150.000 a 800.000 euros.

Procesos especiales para la tutela del crédito, se incorpora el “renting” (alquiler a largo plazo con derecho a compra) al régimen procesal especial, que ya estaba previsto para la protección de contratos similares como el “leasing”, en cuanto a la recuperación de los bienes entregados en arrendamiento.

Contencioso administrativo

Supresión de trámites en la fase probatoria, supresión de la vista cuando las partes estén de acuerdo, se regula de forma más clara el régimen jurídico de las medidas cautelares urgentes.

Se elevan los límites cuantitativos, tanto del recurso de apelación como del de casación, pasando este último de 150.000 a 800.000 euros.

En materia de costas procesales para los procesos de única o primera instancia se incorpora el criterio del vencimiento, con la posibilidad de que el órgano judicial pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición.

Proceso penal

La reforma incorpora determinados preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan la intervención de las personas jurídicas en el proceso en calidad de imputadas, como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010, que introdujo un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

  A FAVOR


Respecto al proceso monitorio: De esta manera, se amplía el uso de un instrumento procesal más ágil que ha demostrado su eficacia en las reclamaciones de deuda en un momento de crisis como el actual.

Respecto a los Recursos: Se salvaguarda el derecho de acceso al juez al tiempo que se limita el uso innecesario de instancias judiciales y evita que los litigios se mantengan abiertos durante años.

Reducirá los tiempos y evitará dilaciones por exceso de trámites.

Respecto al contencioso-administrativo: Se incorporan determinadas modificaciones que implican una mejora y racionalización técnica, como la supresión de trámites innecesarios en la fase probatoria, la eventual supresión de la vista cuando las partes están de acuerdo, o un más adecuado y clarificado régimen jurídico de las medidas cautelares más urgentes.

La agilización se consigue por dos vías: en primer lugar, dotando de firmeza a las resoluciones en plazos más breves y, en segundo lugar, descargando a los órganos de apelación y casación de un importante volumen de asuntos, lo cual les permitirá desarrollar con mayor rapidez el resto de sus funciones.

 EN CONTRA


Se deja en manos de los jueces de primera instancia la resolución final del litigio, convirtiendo en firmes las sentencias de primera instancia, vedando al ciudadano el derecho al recurso, es cierto que se agilizan los trámites pero en detrimento de las garantías de los ciudadanos.

Puede provocar que se creen situaciones tan kafkianas como que dos Juzgados de primera instancia dicten sentencias contradictorias en un asunto de cuantía inferior a 6.000 euros y no puedan recurrirse.

La reforma recorta derechos de los ciudadanos frente a la Administración. No suponen una agilización procesal. Es cierto que la justicia necesita reformas pero no por éste camino. No hay garantía de que se vaya a solucionar el colapso, ¿por qué no se dota de mayor número de jueces a los juzgados y se implanta la informatización de los mismos dando entrada en dicha informatización a todos los operadores jurídicos, funcionarios y abogados?.

¿TÚ QUE OPINAS?

M.D. Ortiz (Abogada)
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